Por CARLOS VALDEZ

The Associated Press

En sus casi tres años de gestión, el presidente Evo Morales aún no pudo reducir la extrema pobreza que ubica a Bolivia entre los países más pobres y con mayores desigualdades del continente, aseguraron expertos.

Morales cerrará el año con un crecimiento del 6% del PIB, la mayor tasa en décadas merced a las buenas cotizaciones de minerales y el gas natural -los dos principales productos exportables- que permitieron a su gobierno acumular un récord histórico en reservas internacionales, dijo el domingo el ministro de Hacienda Luis Arce en una entrevista con la radio gubernamental Patria Nueva.

En lo político pudo sortear una dura confrontación con sus opositores para sacar adelante su proyecto de constitución con la que pretende “refundar Bolivia” y el nuevo texto será sometido a referendo el 25 de enero.

Pero la extrema pobreza se mantiene o a ido aumento, dijo el experto Jaime Pérez de la Fundación Jubileo que pertenece a la iglesia Católica.

“Estamos en los mismos niveles de pobreza de 1999, no se avanzó más en reducirla y por el crecimiento poblacional hay más pobres ahora”, dijo Pérez a la emisora Erbol.

El 70% de los aproximadamente 10 millones de habitantes vive en la pobreza, un 35% de los cuales subsisten con menos de un dólar por persona al día, lo cual es considerado por organismos internacionales como un parámetro para considerarlos en “extrema pobreza”.

Bolivia sólo pudo reducir un 1,7% la extrema pobreza en los últimos años a pesar del compromiso que adquirió en el seno de las Naciones Unidas junto a los demás países miembros de bajarla a la mitad hasta el 2015, dijo.

La mayoría de los pobres viven en el campo donde la vivienda y los servicios públicos son precarios. En el área urbana 5 de cada 10 son pobres y 2 extremadamente pobres. En área rural 8 de cada 10 son pobres y de ellos 6 viven en la pobreza extrema.

El país también figura entre las naciones con mayores desigualdades. Según Pérez de cada diez personas una gana el equivalente al ingreso acumulado de otras siete.

En sus intentos por mejorar las condiciones sociales, Morales creo un bono para los ancianos de 60 años que equivale a 28 dólares mensuales y otro para evitar la deserción escolar equivalente a 34 dólares anuales para cada alumno de las escuelas públicas.

“Esos bonos no solucionan la pobreza pero ayudan porque es una forma de redistribuir los ingresos”, dijo Pérez.

Morales anunció en noviembre un nuevo plan que comenzará en 2009 y con el se propone bajar la tasa de paro del 8% actual a la mitad, rebajar la extrema pobreza del 35% al 27%, reducir la diferencia de ingresos y dotar de servicios básicos a la población que no la tiene.

El plan recibirá 334 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el mandatario también espera contar con los buenos precios de las materias primas que Bolivia exporta, una variable fuera de su control y que en las últimas semanas le resulta adversa pues con la crisis financiera internacional los precios han bajado considerablemente.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de ”inmoral” al cardenal venezolano Jorge Urosa y opinó que ”debería quitarse la sotana y meterse a político”, al rechazar unas críticas del prelado contra la enmienda constitucional que impulsa su Gobierno.

”Si Cristo apareciera aquí en carne y hueso latigaría a Urosa, lo echaría de la Iglesia porque es inmoral y le daría cuatro patadas a la ética y a su investidura”, dijo Chávez.

Urosa ha expresado que ”nunca en Venezuela ha tenido éxito la reelección [presidencial] indefinida”, que la oficialista Asamblea Nacional (AN), a petición del mandatario, pretende instaurar mediante una enmienda constitucional que será sometida a referendo popular seguramente en febrero próximo.

El iracundo mandatario venezolano ha vuelto a acusar a la jerarquía católica de supuestamente actuar como activista de la oposición, y ha calificado a los obispos de ”plasta”, ”ignorantes”, ”perversos” y “mentirosos”.

El alto jerarca católico ha expresado que la enmienda sería ilegal puesto que el asunto de la reelección presidencial ilimitada estuvo incluido en la amplia reforma constitucional presentada por Chávez en el 2007 y rechazada por el pueblo en las urnas.

”No hay ninguna violación a la Constitución y él [Urosa] lo sabe … es lamentable que un jerarca de la Iglesia, utilizando su posición, trate de manipular mintiendo. El sabe que es muy distinta la reforma que se presentó hace un año con la enmienda que se está presentando ahora”, declaró el jefe del Estado.

Según un comunicado del palacio de Gobierno, Chávez emitió las declaraciones este viernes durante una intervención telefónica en el programa nocturno de opinión Contra Golpe, que transmite la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El proyecto de enmienda para la reelección presidencial ilimitada será aprobado en segunda discusión legislativa por la mayoría oficialista de la AN, y Chávez espera que el Poder Electoral lo someta a referendo popular en febrero del 2009.

De otro lado, ayer, el gobernante venezolano, pidió a sus seguidores ”no perder el tiempo ni cometer errores”, a fin de asegurar una ”grandísima victoria” en el referendo sobre la enmienda constitucional sobre la reelección presidencial ilimitada que impulsa.

”El referendo va a ser seguramente en febrero [próximo]… eso va a ser ya … no se pueden cometer errores ni hay que perder tiempo”, dijo Chávez durante la inauguración de un centro de atención a personas sin hogar en el estado central de Miranda.

El mandatario reiteró que está ”dispuesto a seguir acompañando al pueblo venezolano más allá del 2012” para concretar ”la construcción del socialismo venezolano”, pero admitió que la posibilidad de que pueda presentarse nuevamente a la reelección y de ser ratificado en el cargo “lo decide el pueblo”.

”Primero [lo decide el pueblo] en el referendo de febrero [próximo, cuando] si la mayoría dice que no, es no, pero si la mayoría dice que sí, es sí … “y el corazoncito mío me dice que va a ser sí, pero hay que luchar duro, desde ahora mismo hay que organizarnos, que no se quede nadie sin votar”, declaró Chávez.

El proyecto de enmienda para la reelección presidencial ilimitada será aprobado en segunda discusión legislativa en enero próximo e inmediatamente entregado al Poder Electoral que deberá ser sometido a referendo popular.

La oposición califica de ”ilegal” la enmienda impulsada por Chávez con el argumento de que la reelección presidencial ilimitada estuvo incluida en la amplia reforma constitucional presentada por el mandatario y la Asamblea Nacional en el 2007 y rechazada en el referendo popular realizado en diciembre del mismo año.

SAN JUAN –

Un legislador puertorriqueño, otrora poderoso y encarcelado por cargos federales de soborno y extorsión, presentó su renuncia mediante una carta divulgada el domingo, cediendo a las presiones para que dejara su escaño.

En una carta distribuida por un asesor, el senador Jorge de Castro Font dijo que no intentará juramentar para su sexto periodo como legislador.

De Castro Font está acusado de proporcionar favores políticos a cambio de efectivo y servicios. A comienzos de este mes, un juez federal ordenó su encarcelamiento antes de su juicio por presunta corrupción, dado que había violado los términos de su fianza al tener comunicación con un testigo del gobierno.

De Castro enfrenta 31 cargos penales, incluido soborno, fraude y lavado de dinero. Ha negado haber cometido actos ilícitos y fue reelegido a su asiento senatorial en noviembre.

El Secretariado rebelde notificó su decisión en un mensaje de cuatro folios fechado el pasado 17 de diciembre en las “Montañas de Colombia” y publicado en coincidencia con el cumplimiento de 11 años de cautiverio de los dos rehenes políticos.

”Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas”, expresó el mando insurgente en la carta, dirigida al colectivo Colombianos por la Paz.

Este grupo, que tiene entre sus líderes a la parlamentaria opositora Piedad Córdoba, se constituyó el pasado octubre con el propósito de entablar un “intercambio epistolar” con las FARC, que éstas aceptaron.

Desde entonces, el colectivo ha enviado dos mensajes a los rebeldes, cuya segunda respuesta es este anuncio de la liberación de seis de las 28 personas (dos civiles y 26 policías y militares) que retienen con la finalidad de canjearlos por unos 500 insurgentes presos, tres de ellos extraditados a Estados Unidos.

Los seis rehenes serán liberados en dos etapas. En una primera serán dejados en libertad tres policías y un militar, y posteriormente los dos políticos: el ex gobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López, indica el comunicado.

Según la dirigencia de las FARC, los rehenes serán entregados a una comisión encabezada por Córdoba, quien en el pasado actuó como mediadora para un canje humanitario de guerrilleros presos por secuestrados que no se concretó.

“Las condiciones de modo, tiempo y lugar, serán precisadas en su debido momento”, agrega el texto de las FARC.

Jara, rehén desde el 15 de julio de 2001, y López, ex legislador regional hecho cautivo el 11 de abril de 2002, fueron apresados junto a otros 11 diputados en un asalto a la sede de la Asamblea del Valle del Cauca, departamento del que es capital Cali.

López es el único sobreviviente de este grupo de rehenes, pues los otros 11 murieron el 18 de junio de 2007 a manos de las FARC, según el Gobierno, o en un enfrentamiento con un grupo armado sin identificar, como aseguró la guerrilla.

De concretarse la entrega en dos fases, se completarán cuatro operaciones de liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC, que de enero a febrero pasados entregaron a cinco ex congresistas y a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, compañera de fórmula de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, antigua aspirante presidencial secuestrada con ella en febrero de 2002.

Betancourt fue rescatada el pasado julio junto con tres estadounidenses y 11 rehenes colombianos mediante una supuesta misión humanitaria montada por militares encubiertos en las selvas del este del país.

Las FARC presentaron las liberaciones de comienzos de año como un desagravio al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a Córdoba, quienes actuaban como facilitadores de la búsqueda de un acuerdo humanitario entre los rebeldes y el Gobierno del presidente Alvaro Uribe.

Autorizados por Uribe, ambos cumplieron dicha tarea desde agosto hasta noviembre del año pasado, cuando el gobernante colombiano los desaprobó, molesto por una llamada telefónica que hicieron a mandos castrenses en Bogotá.

A pesar de ello, Chávez facilitó los medios, incluidos helicópteros, para la evacuación de los rehenes liberados, que las FARC entregaron a delegados del mandatario venezolano y con la condición de que fueran llevados a Caracas.

La legisladora Córdoba dijo a la radio RCN que “le agradecería muchísimo” a Chávez la facilitación de la logística necesaria para las operaciones anunciadas, pero al mismo tiempo admitió que “es importante que el Gobierno colombiano esté al tanto de todo”.

”Simplemente soy un vehículo para ello, (y) lo mejor, lo más importante es que las cosas salgan bien, sin protagonismos de ninguna naturaleza”, expresó la congresista liberal.

La parlamentaria advirtió de que las misiones humanitarias pueden realizarse en “los primeros días del mes de enero (de 2009), si se hacen las cosas con mucha responsabilidad y con mucha seriedad”.

EFE

Según el periódico, esto es el fruto de un acuerdo al que han llegado el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, para, entre otras cosas, fortalecer la presencia de Irán en Latinoamérica, que ya conocen los servicios de inteligencia de algunos países occidentales.

“Chávez permite a Ahmadineyad operar libremente sus propios aviones de línea y obtiene a cambio ayudas militares”, afirmó el rotativo en una información fechada en Nueva York por su corresponsal, Maurizio Molinari, quien asegura basarse en un informe del servicio de inteligencia estadounidense.

En concreto, aseguró el periódico, se trata de “ordenadores de control de misiles y material para el desarrollo de vehículos, empezando por la fabricación de sus motores”.

Según el diario, en la maniobra está involucrado también el grupo industrial Shahid Bakeri, incluido en diciembre del 2006 en la lista de las empresas afectadas por las sanciones de la resolución 1737 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “a causa de su implicación en el desarrollo del programa de misiles de Irán”.

“Teherán ha podido encontrar, gracias a los aviones que garantiza Caracas, un sistema de transporte con el que obviar los crecientes problemas a los que se enfrenta en la importación y exportación de material prohibido tras los controles más rígidos que llevan a cabo las autoridades turcas”, afirmó La Stampa.

El diario explicó que las relaciones entre Teherán y Ankara se han enfriado después de que las autoridades turcas interceptaran hace unos meses un cargamento de ordenadores militares provenientes de China, de los que una parte se iban a quedar en Irán y otra pasaría a Siria.

El transporte de ferrocarril entre Teherán y Damasco, apunta La Stampa, es también cada vez más difícil desde que en mayo del 2007 un tren que salió de Irán se descarriló mostrando el cargamento de armas que iba destinada a la organización Hezbolá.

A cambio de este flujo de tecnología militar, Chávez obtiene un “consistente” paquete de ayudas, entre ellas, “el compromiso iraní de enviar instructores a Caracas para la policía secreta y los servicios de inteligencia”, aseguró el rotativo.

“Para Chávez los instructores iraníes son un útil instrumento que permiten a sus propias fuerzas de seguridad ser más eficaces contra los opositores internos”, añadió.

Según el diario, el jueves se inauguró en la capital iraní la feria comercial de los llamados ‘‘Países de la Alternativa Bolivariana para las Américas”, entre los que se encuentra Venezuela, algo que “desafía las sanciones impuestas a Teherán contra el desarrollo de la energía nuclear”.

EFE

ROMA

MEXICO

La ex rehén colombiana Ingrid Betancourt anunció ayer su aislamiento público por un año para reconstruirse personalmente e hizo un llamado a los gobernantes de Latinoamérica a trabajar unidos por una región libre de secuestros.

En la que se perfila como su última rueda de prensa antes de iniciar lo que calificó de un ”drástico ejercicio de disciplina personal”, Betancourt consideró que todos los presidentes sudamericanos deben usar su liderazgo e influencia para presionar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a fin de que liberen al resto de los rehenes.

”A partir de este momento, cuando yo me separe de ustedes y me despida, que me despida del presidente Felipe Calderón y que me despida de México, me voy a reunir con mi familia y voy a empezar una etapa de mi vida que va a ser muy importante, de reconstrucción personal; voy a aislarme y no me van a volver a ver por un tiempo”, dijo desde la residencia del embajador francés en el país, Daniel Parfait.

Sin precisar dónde permanecerá todo ese tiempo, que también utilizará para escribir sobre su experiencia en cautiverio, adelantó que sólo saldrá del aislamiento vía escrita o físicamente cuando crea que puede ayudar o contribuir a la liberación de sus compañeros.

”Nos vemos dentro de un año, haremos el balance de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado, y espero ya estar consolidada en mi vida personal y estar con mayores fuerzas para servir con mayor energía a los que necesitan”, añadió.

LA PAZ

La caída en el precio del estaño inquieta a los mineros bolivianos que temen mayores pérdidas tras el derrumbe en los del zinc, que obligó a cerrar varias empresas dejando en el desempleo a unos 600 trabajadores en octubre, informaron dirigentes.

Como efecto de la crisis financiera internacional, el estaño cerró el jueves en $4.9 la libra fina, el precio más bajo en dos años, cuando el costo de producción es de $5 en promedio. ”Con el precio actual todavía es sostenible en algunas cooperativas mineras, en otras no”, dijo ayer el dirigente minero Néstor Villalobos.

El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, dijo en rueda de prensa el jueves que la cotización aún es rentable para la empresa estatal Huanuni, la principal productora de estaño con una plantilla de 4,500 trabajadores.

”Estamos en el punto de equilibrio, ojalá no siga bajando”, dijo el dirigente sindical de esa empresa Roberto Montaño.

El precio más alto para el estaño se registró en mayo con $11.6 la libra fina pero las cotizaciones comenzaron a descender con la profundización de la crisis financiera internacional a partir de noviembre.

La minería ocupa el segundo lugar de las exportaciones después del gas natural. El año pasado tuvo un incremento de 29 por ciento al vender al exterior por $1,396 millones de los $4,490 millones de las exportaciones totales del país.

Esa industria generó 57,000 empleos, 47,700 en las cooperativas que son empresas pequeñas y precarias manejadas por los mismos mineros.

El gobierno del presidente Evo Morales creó un fondo para los productores de zinc cuyo precio actual está por debajo de los costos de producción.

El gobierno también espera menores ingresos por el gas natural cuyo precio se fija con base en las cotizaciones del crudo que también soportan un fuerte descenso.

Aunque el gobierno ha minimizado el impacto de la crisis mundial, ha previsto un crecimiento de 5 por ciento para el 2009, un punto menos que este año.

La bonanza económica de los últimos dos años, permitió a Morales alcanzar un récord histórico en reservas internacionales con $7,629 millones al 12 de noviembre.

BUENOS AIRES

El Gobierno argentino alertó ayer de que ”hace falta celeridad en la Justicia”, luego de que un tribunal anulara la liberación de 17 represores de la dictadura militar tras la reacción indignada de organismos humanitarios y del propio Ejecutivo.

Por su parte, el fiscal Raúl Plee, que fue quien solicitó dejar sin efecto la polémica excarcelación, reconoció que ”no hay ningún tipo de disposición” para que los acusados de delitos de lesa humanidad no gocen de ese beneficio.

”La cuestión de fondo a definir es que hace falta celeridad en la Justicia para que la gente no tenga la percepción que tiene hoy, de que cualquiera entra por una puerta y sale por otra”, sostuvo el jefe del gabinete argentino, Sergio Massa.

En declaraciones a la radio local Mitre, el funcionario criticó la orden de liberar al ex marino Alfredo Astiz y otros 16 procesados por delitos de lesa humanidad dictada el pasado jueves por la Cámara Nacional de Casación Penal, que 24 horas después anuló el polémico fallo.

Al enterarse del fallo del jueves, la presidenta del país, Cristina Fernández, lo consideró una ”vergüenza”, además de sostener que es ”difícil de entender” y ”producto de cierta perversidad” del sistema judicial.

La resolución judicial también causó indignación en los organismos de derechos humanos, que antes de la suspensión del fallo protestaron frente a la sede de los tribunales federales de Buenos Aires.

El máximo tribunal penal del país dio marcha atrás a raíz de un planteo del fiscal Plee, quien pidió la suspensión de la resolución del jueves y tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los represores.

Además, este viernes el Gobierno anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema de Justicia la orden de excarcelación e impulsar un juicio político de los magistrados que dictaron el fallo. La decisión de liberar a los represores ”fue un retroceso. A veces la chicana (artimaña) de los letrados tiene más éxito que en definitiva la cuestión de fondo a resolver”, consideró Massa.

La ceremonia de entrega de los primeros fondos, $197 millones del total de 400, se llevó a cabo en la Ciudad de México. El resto será entregado en etapas.

La primera parte de este paquete llega en un momento crítico: el número de muertos a causa de la violencia generada por el tráfico de estupefacientes ha superado los 4,000 en lo que va de año, y aunque la mayoría de los cadáveres han aparecido al sur de la frontera entre ambos países, los homicidios y secuestros relacionados con este tráfico han salpicado también la zona fronteriza de Estados Unidos.

Empero, siguen en pie muchas incógnitas sobre la dirección que está tomando la guerra contra el narcotráfico, y tanto México como Colombia, donde es producida el 90% de la cocaína destinada a EEUU, temen verse maniatadas por las preocupaciones del presidente electo Barack Obama por las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en estos países.

”Si Estados Unidos nos despoja de esos recursos, ¿qué haremos? ¿De dónde saldrán?”, preguntó el ex presidente colombiano Andrés Pastrana en una entrevista otorgada a The Associated Press.

Pastrana colaboró con el entonces presidente estadounidense Bill Clinton para lanzar el Plan Colombia, que ha destinado más de $6,000 millones en ayuda estadounidense desde el 2000 para combatir el narcotráfico y a los insurgentes izquierdistas.

La ayuda a México –que no incluye aportaciones en metálico– costeará helicópteros y aviones de reconocimiento, pertrechos para realizar inspecciones en los aeropuertos y software para el seguimiento de casos. Además, respaldará las gestiones mexicanas para eliminar la corrupción en la policía, mejorar el sistema judicial y proteger a los testigos.

Sin embargo, la mayor parte irá a parar a los mismos militares cuyos soldados torturaron, violaron y mataron a civiles inocentes en su lucha contra los carteles, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y fuerzas policiales notoriamente corruptas. El presidente Felipe Calderón reconoció que más de la mitad de la policia estatal y municipal no es de fiar, y la federal rezuma agentes corruptos.

El gobierno estadounidense respaldó a Calderón y no anunció cambio alguno en la cooperación con las operaciones encubiertas mexicanas. Pero Anthony Plácido, director de los servicios de espionaje de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció los peligros.

”La labor policial en cualquier parte del mundo, y ciertamente en México, puede ser peligrosa”, dijo Plácido en octubre al preguntársele si la corrupción mexicana puso en peligro a los agentes estadounidenses. “¿Es peligrosa? Desde luego”.

Después que los legisladores de ambos países aprobaron los fondos a mediados de año, México anunció públicamente la Operación Casa Limpia, en la que cayeron más de 10 mandos policiales, incluyendo el ex jefe de la lucha contra el narcotráfico, que presuntamente pasaba información esencial al cartel de Sinaloa.

Colombia ha hecho igualmente limpieza en sus organismos: Una semana antes de la elección de Obama, el presidente Alvaro Uribe cesó a 20 mandos –incluyendo tres generales y cuatro coroneles– por negligencia. El 4 de noviembre dimitió el jefe del ejército. Uribe revirtió además su resistencia a la supervisión de la ONU, y dijo que asignará a un defensor de los derechos humanos a cada batallón.

”Estados Unidos es un aliado muy importante”, dijo el jefe de las fuerzas armadas colombianas, el general Freddy Padilla, a la AP. “Pero es un aliado que no aporta ayuda y respaldo a ciegas”.

Colombia prácticamente no pone limitaciones a la ayuda estadounidense, y permite a los soldados y agentes antidrogas estadounidenses operar libremente en su territorio.

Sin embargo, los mexicanos siempre se han quejado de las secuelas que implica la ayuda militar norteamericana. El gobierno de Calderón se opuso a las limitaciones propuestas por los legisladores estadounidenses por las violaciones a los derechos humanos en México, y a la postre el Congreso en Washington abandonó la mayor parte de las limitaciones que deseaba imponer.

El dinero sigue llegando con algunas limitaciones: El último 15% de la suma no será entregado hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso estadounidense que México ha satisfecho el respeto a los derechos humanos y los objetivos contra la corrupción policial.

Mientras tanto, un 15 por ciento de las fuerzas armadas colombianas no tienen acceso a la ayuda estadounidense de acuerdo con una ley que descalifica a cualquier unidad sospechosa de abusar gravemente de los derechos humanos. Otras tres unidades del ejército perdieron esa facultad el mes pasado, justo cuando Uribe comenzó a pulir su imagen, consciente de las preocupaciones expresadas por el presidente electo Obama en torno al historial colombiano en el campo de los derechos humanos.

Washington no ha retrocedido un solo paso en su respaldo a la lucha de Calderón contra el narcotráfico, incluso cuando miembros de su gabinete de seguridad cayeron en un escándalo de corrupción. Obama dijo igualmente que América Central debería recibir más de los $65 millones en ayuda que recibe dentro de la Iniciativa Mérida. Y prometió además su pleno respaldo a la lucha de Uribe contra la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que mantiene su insurgencia con los beneficios de la cocaína.

Pero en medio de todos los cambios en Washington, Estados Unidos ha vuelto a examinar detenidamente la forma en que libra su guerra contra el narcotráfico.

Los gobernantes mexicanos y colombianos han criticado desde hace tiempo a Estados Unidos por no hacer lo suficiente para reducir la demanda interna y detener el flujo ilegal de armas en sus fronteras. La Brookings Institution estima que unas 2,000 armas de fuego entran cada día a México procedentes de Estados Unidos. Obama prometió, por si parte, encarar ambos problemas.

”Estados Unidos debe perseguir el flujo de armas, el dinero en masa y los vehículos robados que fluyen de norte a sur en nuestra frontera meridional”, dijo a la AP el asesor de Obama para América Latina, Dan Restrepo. “Es responsabilidad nuestra hacer mucho más de lo que hacemos para suprimir esos flujos”.

La naturaleza mayormente militar de la ayuda estadounidense contra el narcotráfico está siendo igualmente examinada. El mes pasado, el brazo investigador del Congreso informó que el Plan Colombia no ha logrado su objetivo de reducir a la mitad la producción de narcóticos en ese país, y el cultivo de la coca aumentó un 27% el año pasado.

El vicepresidente electo Joe Biden encargó el informe como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El Congreso de mayoría demócrata ha canalizado ya más de $100 millones de la ayuda a Colombia a objetivos no militares, como fortalecer el sistema judicial y la atención a los refugiados.

Ello preocupa a los militares colombianos, que casi se han duplicado durante el mandato de Uribe y trabajan en estrecha colaboración con las fuerzas armadas estadounidenses.

”Sería un error privar de ayuda a un gobierno de clara convicción democrática y a un ejército que es infinitamente respetado por el pueblo colombiano”, dijo Padilla a la Associated Press.

Pero Obama ha sostenido que solamente un enfoque regional y multilateral puede disuadir a los carteles empeñados en lisiar a los gobiernos mediante la corrupción y la intimidación.

”Ha llegado el momento de trabajar juntos para encontrar las mejores prácticas que den resultados en el hemisferio, y para adecuar los enfoques a cada país”, dijo Obama en un discurso electoral sobre América Latina.

FRANK BAJAK / Associated Press

MEXICO

La reacción del gobernante obedece a un comunicado público aparecido ayer en los diarios del país, en el que la ABPE expresaba su ”profunda preocupación” por el futuro del sistema financiero y por la economía nacional.

Correa, en su informe semanal sabatino, calificó de ”irresponsable” el comunicado de la Asociación de Bancos, que coincidió con la difusión de rumores sobre posibles medidas bancarias y financieras desde el Ejecutivo. ‘Conmigo no van a jugar, yo no soy un pintado en la pared, por [más] `pelucones’ [adinerados] que sea esta gente.

Los rumores en cuestión apuntaban a la posibilidad de que se declare un ”feriado” o festivo bancario, es decir un periodo sin atención en los bancos, medida que fue aplicada en 1999, cuando en Ecuador se desató la peor crisis financiera de la historia nacional.

El hecho coincide con la renuncia del ministro Coordinador de la Política Económica, Pedro Páez, sin que se conozcan los motivos.

EFE