Una aguda escasez de combustibles en Bolivia provocada por el contrabando a países vecinos obligó al gobierno a desplegar tropas que vigilan las estaciones de servicio y que ya decomisaron 22 vehículos que transportaban los carburantes ilegalmente.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, informó que el jueves comenzó a ejecutase el plan ”Puño de Hierro” que movilizará al menos a 900 efectivos militares que “cubrirán 417 estaciones de servicio [de venta al público] y 31 plantas distribuidas a nivel nacional”.

En La Paz las estaciones de venta de gasolina y diésel –que junto al queroseno y gas licuado escasean– tienen presencia policial, constató la AFP, mientras que en otras ciudades del país la situación era similar, de acuerdo a imágenes difundidas por varios canales de televisión.

La movilización de tropas militares fue dispuesta por el presidente Evo Morales para frenar la aguda escasez de combustibles en todo el país que se hizo patente desde hace varias semanas y amenaza con paralizar el transporte público y la agroindustria privada de Santa Cruz, región que es la locomotora económica del país.

Una producción de gas natural y petróleo estancada, una demanda interna de carburantes en ascenso y un creciente contrabando a países vecinos obligaron al poder Ejecutivo a considerar el comercio ilegal de estos productos como violatorios a una ley antidrogas de la década del 80.

El gobierno razonó de esa manera, aprovechando que el diésel, el queroseno y la gasolina se consideran ”precursores” o insumos para la fabricación de cocaína, actividad en la que Bolivia ocupa el tercer lugar después de Colombia y Perú.

Durante el primer día de acción militar, los uniformados se incautaron al menos 225,000 litros de diésel en la región de Santa Cruz (este) y 22 vehículos fueron capturados en actividades ilegales, según reporte de las Fuerzas Armadas.

Entre estos carros, hay ”15 cisternas con capacidades de entre 15,000 y 35,000 litros [cada uno] que han sido incautados para verificar sus requisitos”, declaró Gonzalo Lora, jefe del Departamento VI de Operaciones de las Fuerzas Armadas, citado por el matutino La Razón.

Mientras comenzaba a ejecutarse el plan militar, el presidente Morales aseguró el viernes que se ha detectado corrupción en la firma estatal YPFB en la venta y distribución de combustibles a países vecinos, como Brasil y Perú, donde la gasolina y el gas licuado de petróleo se vende a precios superiores.

”Hemos detectado algunos funcionarios en Yacimientos (YPFB), algunos responsables de ciertas operaciones en los departamentos vendiendo ilegalmente a los contrabandistas; que sepan que el gobierno los tiene identificados, que dejen de robar”, afirmó el mandatario.

El mandatario –de origen indígena– también pidió “a mis hermanos del campo, de la región del Altiplano que dejen de llevar el gas en burro, en llama [auquénido andino] de contrabando hacia la hermana república del Perú”.

Por ejemplo, el precio del litro de diésel en Bolivia es de 3.5 bolivianos ($50 centavos) y vendido en fronteras en más de $3, mientras que los cilindros de gas licuado de petróleo de 10 kg está en 22.5 bolivianos ($3.2) y negociado hasta en $20 de la moneda estadounidense.

Agence France Presse
LA PAZ